Si usted, su empresa o su comunidad tiene una antena de Movistar, Vodafone u Orange en la azotea, probablemente esté cobrando entre 2 y 5 veces menos de lo que le corresponde. La mayoría de contratos se firmaron hace más de diez años, sin revisión de renta y con cláusulas que solo benefician a la operadora.
Las rentas pactadas en los años 2000 o 2010 no reflejan el valor actual del espacio. La mayoría de contratos no incluyen actualización al IPC o la prohíben durante toda la vigencia.
Algunas operadoras incluyeron cláusulas que impiden revisar la renta durante 10, 15 o 20 años. Cláusulas que un abogado puede impugnar o usar como base de renegociación.
Movistar, Vodafone u Orange con frecuencia ceden el espacio a otras operadoras sin notificar a la comunidad. Es un incumplimiento que da derecho a incrementar la renta entre un 10% y un 20%.
No somos un despacho generalista.
Nos especializamos en contratos de antenas para que obtengan el máximo.
Revisamos en detalle el contrato firmado con la operadora: renta pactada, plazos, cláusulas de prórroga, restricciones y cesiones ocultas. Identificamos todo el margen de mejora.
Primer pasoPresentamos a Movistar, Vodafone u Orange una propuesta documentada de mejora: subida de renta, actualización al IPC o modificación de cláusulas abusivas.
Honorarios a éxitoSi la operadora incumple el contrato o se niega a negociar, Miriam ejerce la defensa jurídica de la comunidad ante los tribunales: resolución, indemnización y retirada forzosa de equipos.
Procedimiento judicialSi la operadora acaba de contactar a su comunidad para instalar o ampliar una antena, le asesoramos antes de firmar para que las condiciones sean justas desde el principio.
Contrato nuevo o renovaciónSin sorpresas, sin letra pequeña.
Desde la primera llamada hasta el acuerdo firmado.
Escuchamos tu situación, entendemos el problema y detectamos los puntos clave del caso.
En colaboración con Civic Consultores aportamos valor técnico, económico y jurídico a su antena.
Presentamos la propuesta documentada a Movistar, Vodafone u Orange con argumentación jurídica sólida.
Formalizamos el nuevo contrato con mejores condiciones o, si hay incumplimiento, iniciamos el procedimiento.
Supervisamos el cumplimiento del acuerdo. Usted cobra y nosotros nos aseguramos de que así sea.
Las dudas más habituales de propietarios y comunidades de propietarios antes de iniciar el proceso.
Resolver mi dudaSí, puede renegociar aunque el contrato esté en vigor. Existen varias vías: si la operadora ha subarrendado sin notificarlo, si ha instalado equipos no previstos en el contrato original, o si la renta no ha sido actualizada conforme a lo pactado. Un abogado especialista identifica los argumentos jurídicos y presenta la propuesta a la operadora.
Las rentas en zonas urbanas pueden alcanzar hasta 40.000 € anuales según la ubicación y la demanda de cobertura. Muchas comunidades cobran muy por debajo de ese rango porque el contrato se firmó hace más de una década sin asesoramiento. La auditoría gratuita determina el potencial real de su caso.
La Ley de Propiedad Horizontal exige el voto favorable de tres quintos (3/5) de los propietarios, que representen a su vez tres quintas partes de las cuotas de participación. Los propietarios ausentes tienen 30 días para oponerse; el silencio se interpreta como voto favorable.
Puede ser un incumplimiento del artículo 32 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Cuando la operadora cede o subarrienda el espacio a un tercero sin notificar al arrendador, la comunidad tiene derecho a exigir un incremento de renta del 10% en subarriendo parcial y del 20% en cesión total. En caso de incumplimiento reiterado, puede solicitarse la resolución del contrato.
Los contratos suelen tener una duración inicial de 10 a 20 años con prórrogas automáticas. Muchos contratos firmados en los años 2000 incluían cláusulas que impedían revisar la renta durante toda esa duración. Si el suyo tiene más de 10 años, es muy probable que la renta esté infravalorada.
No. La resolución del contrato por vencimiento es un derecho del arrendador. Si la operadora se niega a retirar los equipos, la comunidad puede instar la retirada forzosa al amparo del artículo 706 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con los costes a cargo de la operadora.
En Sagarci Abogados trabajamos en colaboración con Civic Consultores a éxito: los honorarios están condicionados al resultado obtenido, lo que elimina el riesgo económico para la comunidad. La primera consulta y la revisión inicial del contrato es completamente gratuita. Le explicamos las condiciones exactas antes de firmar cualquier encargo.
La operadora practica una retención del 19% sobre la renta en concepto de rendimiento de capital inmobiliario. Ese rendimiento se distribuye entre los propietarios según su coeficiente de participación y debe declararse en el IRPF. Consulte con su asesor fiscal para una correcta declaración.
Sí, y a favor de la comunidad. La expansión de redes 5G obliga a las operadoras a ampliar o modernizar instalaciones existentes. Si la operadora solicita modificar los equipos, necesita un nuevo acuerdo — ese es el momento de negociar condiciones más favorables. Si ya han instalado equipos 5G sin autorización, podría existir un incumplimiento contractual.
Contáctenos y le diremos si tiene margen de mejora real. Sin compromiso, sin coste.
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